La movilidad de los empleados deja de ser un asunto puramente logístico para convertirse en una obligación legal con fecha límite. La Ley 9/2025, de 3 de diciembre, de Movilidad Sostenible, publicada en el BOE el 4 de diciembre de 2025 y en vigor desde el día siguiente, obliga a miles de empresas españolas a repensar cómo llegan sus trabajadores al centro de trabajo. La norma conecta directamente con los objetivos climáticos de la Agenda 2030 y sitúa a las compañías en el centro de la transición hacia una movilidad más limpia y eficiente.

¿A qué empresas obliga la nueva ley?

El artículo 26 de la ley establece la obligación de contar con un Plan de Movilidad Sostenible al Trabajo (PMST) para dos tipos de organizaciones: aquellas con más de 200 personas trabajadoras en un mismo centro y las que superan los 100 empleados por turno. La exigencia alcanza tanto a empresas privadas como a entidades públicas y busca racionalizar los desplazamientos diarios, reduciendo la dependencia del vehículo privado, que sigue siendo el modo de transporte mayoritario para acudir al trabajo en España.

Según ha confirmado el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, las empresas afectadas deben tener su plan diseñado y aprobado antes del 05 de diciembre de 2026, un plazo que corresponde a los 24 meses posteriores a la entrada en vigor de la ley. Antes de su aprobación definitiva, además, el documento deberá negociarse con la representación legal de los trabajadores.

Del diagnóstico al plan: cómo se construye un PMST

Ningún plan puede diseñarse sin datos previos. Por eso, la ley exige que las empresas realicen primero un diagnóstico de movilidad que analice los tiempos de trayecto, las alternativas de transporte público disponibles y los costes que asumen los empleados en sus desplazamientos habituales. A partir de ese diagnóstico, la normativa plantea cuatro grandes líneas de actuación:

  • Movilidad activa y compartida: fomentar los desplazamientos a pie o en bicicleta con infraestructuras seguras, además de impulsar el carpooling y el transporte colectivo bajo demanda.
  • Organización del trabajo: ampliar los horarios flexibles y facilitar el teletrabajo para reducir la necesidad de desplazarse.
  • Flotas de bajas o cero emisiones: incorporar vehículos eléctricos y garantizar puntos de recarga accesibles en el centro de trabajo.
  • Incentivos a la movilidad sostenible: ofrecer beneficios como tarjetas de transporte subvencionadas o exentas de tributación.

El compromiso no termina con la aprobación del plan. Cada dos años, la empresa debe elaborar un informe de seguimiento con indicadores como las emisiones evitadas, el porcentaje de desplazamientos sostenibles y el ahorro energético logrado. Toda esa información deberá registrarse, además, en el EDIM (Espacio de Datos Integrado de Movilidad), la plataforma estatal creada por la propia ley para centralizar los datos de movilidad laboral en España.

El gestor de movilidad, pieza clave del engranaje

La norma también da protagonismo a la figura del gestor de movilidad, responsable de diseñar, coordinar y evaluar el plan de forma continua. Puede tratarse de un perfil interno o de un servicio externo contratado para ello, pero en cualquier caso su función pasa por mantener el diálogo con los representantes de los trabajadores y hacer seguimiento de los indicadores clave de desempeño (KPIs) que marcan el avance del plan.

Esta figura resulta especialmente relevante porque el cumplimiento de la ley no se agota en la redacción del documento. La normativa concibe los planes de movilidad como instrumentos vivos, que deben ajustarse a medida que cambian las circunstancias de la plantilla, la oferta de transporte público o las prioridades de sostenibilidad de la empresa.

Una obligación que también es una oportunidad

Más allá del cumplimiento normativo, la Ley de Movilidad Sostenible plantea una oportunidad de mejora real para las organizaciones. Reducir la dependencia del coche privado no solo disminuye emisiones: también repercute en la seguridad vial, la conciliación laboral y la atracción de talento, tres factores que cada vez pesan más en la competitividad empresarial.

El reto ahora consiste en trasladar el texto legal a la práctica diaria. Las empresas que ya han empezado a diagnosticar sus desplazamientos y a dialogar con sus equipos parten con ventaja frente a un plazo que, aunque parezca lejano, exige tiempo de preparación, negociación y despliegue. La movilidad sostenible al trabajo ha dejado de ser una recomendación dentro de las memorias de sostenibilidad para convertirse en un requisito con fecha, indicadores y consecuencias.

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