
La descarbonización ya forma parte de la operativa diaria del transporte europeo de mercancías, pero medir sus resultados sigue pendiente. Así lo recoge el Green Compact Survey Report 2026, elaborado por IRU (la Unión Internacional de Transporte por Carretera) y Trimble, cuyos primeros datos ha difundido Faconauto, la federación de concesionarios. El estudio se basa en las respuestas de más de 1.000 operadores de transporte de mercancías de Europa occidental, Europa oriental y Australia.
Se actúa, pero apenas se mide
El contraste es el principal hallazgo. El 90% de los operadores de Europa occidental aplica al menos una medida para reducir sus emisiones (el 87% en Europa oriental y el 55% en Australia). Sin embargo, la medición queda muy por detrás:
- El 41% de los operadores de Europa occidental ha fijado un objetivo de reducción, y el 43% calcula sus emisiones de CO₂.
- En Europa oriental esos porcentajes bajan al 31% y al 23%.
Esa brecha importa porque saber cuánto emite una flota permite comparar tecnologías, ver dónde se logran las mayores reducciones y valorar el impacto económico de cada inversión. Cuando clientes y cargadores empiecen a pedir datos, quien no mida tendrá más difícil responder.
Primero, las medidas que ahorran dinero
Las actuaciones más extendidas son las que mejoran a la vez la eficiencia ambiental y económica. La optimización de rutas la aplica el 53% de los operadores de Europa occidental y el 62% de los de Europa oriental, y la formación en conducción eficiente llega al 42% en ambas regiones. Las empresas empiezan por soluciones con retorno directo, mientras que las decisiones que exigen más inversión encuentran más obstáculos.
El precio del vehículo, la gran barrera
El coste de adquisición se ha convertido en el principal obstáculo para dar el salto a combustibles y tecnologías alternativas. Lo señala el 66% de los operadores de Europa occidental (frente al 49% de la encuesta de 2025) y el 78% de los de Europa oriental (52% el año anterior). En la edición anterior, la barrera principal era la falta de infraestructura de recarga y repostaje. El informe recuerda que un camión eléctrico cuesta entre dos y tres veces más que su equivalente diésel.
A ello se suma la reticencia de los clientes: el 70% de los operadores occidentales dice que quienes les contratan no están dispuestos a pagar el sobrecoste de la descarbonización. No sorprende, entonces, que los operadores citen como principales incentivos un mayor precio del servicio (37%), los incentivos fiscales (32%) y las subvenciones (31%).
Combustibles alternativos y electrificación
El 41% de los operadores occidentales ya utiliza combustibles alternativos, y el HVO, un diésel renovable, lidera en todas las regiones; su uso podría pasar del 29% al 54% en cinco años. La inversión en camiones de batería es más contenida: la planea el 29% de los operadores de Europa occidental, con una diferencia llamativa por tamaño (el 87% de las empresas con más de 100 millones de euros de facturación, frente al 26% de las pequeñas).
Una normativa que pocos dominan
Solo alrededor de uno de cada ocho operadores europeos afirma entender bien cada una de las principales regulaciones europeas incluidas en el estudio. El menor conocimiento se registra en torno al ETS2, el nuevo sistema de comercio de derechos de emisión para el transporte por carretera y los edificios. Según la Comisión Europea, funcionará plenamente en 2028 y se aplicará aguas arriba: serán los proveedores de combustible, y no los transportistas, quienes adquieran los derechos de emisión. Aun así, el precio del carbono acabará repercutiendo en los costes de las empresas, y el informe estima que, con unos 60 euros por tonelada de CO₂, el coste total de propiedad de un camión de larga distancia en Francia aumentaría alrededor de un 5,5%.
De actuar a medir y planificar
La conclusión que se desprende es que el siguiente paso no es solo añadir medidas de eficiencia, sino pasar de actuar a medir, planificar y decidir qué inversiones reducen emisiones sin comprometer la viabilidad de la operación. El secretario general de IRU, Habib Turki, subraya que la siguiente fase exige mucha más inversión y que los operadores no pueden asumirla en solitario.