La movilidad sostenible no se agota en los coches eléctricos ni en las ayudas a la compra de vehículos limpios. También depende del firme sobre el que circulan a diario millones de conductores. En España, el mantenimiento de la red viaria arrastra un déficit acumulado de 13.500 millones de euros, según datos de la Asociación Española de la Carretera (AEC), una cifra que sitúa el estado del asfalto entre las grandes asignaturas pendientes de la transición hacia un transporte más seguro y eficiente.
Más de la mitad de la red necesita actuación
Para elaborar su último informe, la AEC empleó por primera vez tecnología de inspección digital asistida por inteligencia artificial, con la que analizó 4.000 kilómetros de carreteras a velocidades de hasta 90 km/h mediante sensores de alta resolución. Se trata de una muestra diez veces mayor que la de las inspecciones visuales anteriores, lo que da a los resultados un respaldo técnico inédito hasta ahora.
Los datos resultan contundentes: el 52% de la red española requiere algún tipo de intervención. De ese total, 33.966 kilómetros —en torno al 32% de la red analizada— presentan un deterioro «muy grave» que exige reconstrucción urgente, una cifra que casi triplica los 13.000 kilómetros detectados en 2022. Otros 20.407 kilómetros necesitarán actuaciones correctoras en un plazo máximo de cuatro años.
El deterioro, además, no se reparte igual por el territorio. Aragón encabeza la lista con un 68% de su red en estado grave o muy grave, seguida de Castilla-La Mancha y Galicia, ambas en el 59%. La Comunidad Valenciana, Cataluña, Madrid, Extremadura y el País Vasco, en cambio, se mantienen por debajo de la media nacional.
Baches que también salen caros
El mal estado del firme no solo incomoda a quien conduce: también tiene un coste económico y consecuencias directas para la seguridad. Circular por tramos deteriorados puede elevar el consumo de combustible hasta un 12% y reduce la velocidad media de circulación en torno a un 10%. Para camiones y autobuses, los tiempos de trayecto llegan a alargarse un 25%, y durante los meses de mayor tráfico estival el sobrecoste conjunto para el transporte por carretera ronda los 270 millones de euros. La ineficiencia logística derivada, de hecho, termina trasladándose al precio final de los productos, con incrementos que el sector cifra en hasta un 10%.
Un déficit de 13.500 millones con dos frentes
La cifra que ha encendido las alarmas del sector se descompone en dos partidas bien diferenciadas:
- Red estatal (unos 26.000 kilómetros): 4.721 millones de euros de déficit.
- Redes autonómicas (75.300 kilómetros): 8.770 millones de euros, la parte más abultada del total.
A esto se suma un dato preocupante: el deterioro avanza a un ritmo del 8% anual desde hace tres años, por lo que la brecha se agranda con cada ejercicio que pasa sin actuación suficiente.
Frente a esta necesidad, la inversión pública actual resulta claramente insuficiente. El Gobierno destina alrededor de 325 millones de euros anuales a la conservación de carreteras, dentro de un plan quinquenal de 1.630 millones anunciado por el Ministerio de Transportes. Sin embargo, el propio sector calcula que, para normalizar la situación en cinco años, harían falta inversiones cercanas a los 2.000 millones de euros anuales, más del doble de lo comprometido. El panorama se complica, además, porque los fondos europeos no pueden destinarse a la reparación de carreteras, de modo que España debe financiar el esfuerzo con presupuesto propio o a través de peajes.
La conservación viaria, un pilar de la movilidad sostenible
Hablar de movilidad sostenible implica hablar de electrificación, transporte público y reducción de emisiones, pero también de infraestructuras en buenas condiciones. Un firme bien mantenido reduce el riesgo de accidentes, limita el desgaste de los vehículos y facilita una conducción más eficiente, con menos frenadas bruscas y menor consumo de combustible. La conservación preventiva, por otro lado, permite actuar antes de que el deterioro obligue a intervenciones mucho más costosas.
En este sentido, el estado de las carreteras condiciona tanto la seguridad de los desplazamientos cotidianos como la competitividad del transporte de mercancías, columna vertebral de buena parte de la actividad económica española. Por eso, la brecha de 13.500 millones no es solo una cuestión presupuestaria: marca el ritmo al que España puede avanzar hacia un modelo de movilidad más seguro, eficiente y verdaderamente sostenible.
