Ir a la oficina se ha convertido en una reivindicación laboral más. Según un estudio de Pluxee, el 61% de los trabajadores que se desplaza a su centro de trabajo en autobús, metro o tranvía pide a su empresa que le ayude a pagar el billete. La demanda no llega en un momento cualquiera: coincide con la entrada en vigor de una obligación legal que fuerza a más de 6.000 empresas españolas a tener listo su Plan de Movilidad Sostenible antes del 5 de diciembre de 2026.
Una ley que convierte el desplazamiento en un derecho
La Ley 9/2025 de Movilidad Sostenible, aprobada a finales de 2025, reconoce los desplazamientos como un derecho que el Estado debe garantizar, y ese principio se traslada también al ámbito laboral. La norma obliga a las empresas con más de 200 empleados en total, o más de 100 por turno, a diseñar y poner en marcha un Plan de Movilidad que ordene cómo se mueven las personas vinculadas a su actividad.
El plan no se limita a los trayectos diarios de la plantilla entre su casa y el centro de trabajo. Debe contemplar también los desplazamientos de clientes, proveedores y visitantes que acuden a las instalaciones, además de la movilidad que genera la propia actividad de la empresa, como el reparto de pedidos. Antes de aprobarlo, la compañía tiene que negociarlo con los representantes de los trabajadores, y una vez en marcha deberá revisarlo cada cinco años y presentar un informe de seguimiento cada dos, con los resultados obtenidos.
El plazo se reduce a la mitad
La ley original concedía dos años para implantar estos planes, pero la entrada en vigor del Real Decreto-ley 7/2026 recortó ese margen a la mitad. Como resultado, las empresas obligadas deben tener su plan aprobado y operativo antes del 5 de diciembre de 2026, apenas un año después de que la norma entrara en vigor.
El incumplimiento no queda sin consecuencias. La normativa lo tipifica como infracción leve, con multas que van de los 101 a los 2.000 euros, y las empresas que reciban ayudas públicas directas vinculadas a la movilidad deberán devolverlas si no cumplen con la obligación en plazo.
Entre las medidas que pueden incluir estos planes se encuentran el impulso del transporte público, el fomento del vehículo compartido, el uso de la bicicleta o la reducción del número de desplazamientos necesarios. La norma también insiste en la formación en movilidad y seguridad vial, con el doble objetivo de rebajar el impacto ambiental de los trayectos laborales y mejorar la seguridad de quienes los realizan.
Seis de cada diez empleados piden ayuda para el transporte público
La obligación legal llega, además, respaldada por la demanda de los propios trabajadores. El estudio de Pluxee, titulado Claves del nuevo equilibrio laboral: tendencias y retos 2026, constata que una parte importante de la plantilla española ya usa el transporte público para ir a trabajar: el 35% se desplaza en metro o tranvía y el 28% en autobús.
De ese grupo, el 61% reclama que su empresa ofrezca incentivos para usar medios de transporte sostenibles, un porcentaje que ha crecido 5,3 puntos respecto a 2025. La distancia entre lo que se pide y lo que se ofrece, sin embargo, sigue siendo amplia: solo el 27% de las empresas proporciona hoy este tipo de ayudas.
La sostenibilidad, de hecho, pesa cada vez más en las decisiones laborales de los empleados. El 62% señala que este aspecto resulta determinante a la hora de elegir un nuevo empleo, y quienes ya forman parte de una plantilla admiten que la falta de opciones de movilidad sostenible podría llevarles a plantearse un cambio de trabajo.
La tarjeta transporte, la vía más habitual dentro del plan
Entre las medidas que las empresas pueden incorporar a su Plan de Movilidad, la tarjeta transporte se perfila como una de las más sencillas de implementar. Permite a los trabajadores adquirir billetes o abonos de autobús, tranvía o tren para llegar a su puesto de trabajo, y las compañías pueden configurarla de dos maneras: como un complemento retributivo adicional o dentro de un programa de retribución flexible, descontándola del salario bruto.
Esta segunda opción resulta especialmente atractiva desde el punto de vista fiscal, ya que permite beneficiarse de una exención de hasta 1.500 euros al año, dentro de los límites que marca la normativa tributaria. Para las empresas, supone además una manera de avanzar en el cumplimiento de la ley sin necesidad de invertir en una flota propia de vehículos.
Miriam Martín, directora de marketing de Pluxee en España, resume así el doble efecto de estas medidas: los planes de movilidad refuerzan el compromiso de las compañías con la sostenibilidad y, al mismo tiempo, ayudan a fidelizar a los empleados en un mercado laboral donde este factor pesa cada vez más.
Una obligación que también es oportunidad
Para las más de 6.000 empresas afectadas, el plazo del 5 de diciembre se acerca con rapidez. Pero más allá del cumplimiento normativo, los datos de Pluxee sugieren que invertir en movilidad sostenible ya no es solo una exigencia legal: se ha convertido en una palanca de atracción y retención de talento en un contexto donde la plantilla valora, cada vez con más peso, cómo llega —y cómo paga— su trayecto hasta el trabajo.
