La Asociación Nacional de Empresarios de Transportes en Autocares (ANETRA) considera que la nueva Ley de Movilidad Sostenible aprobada por el Congreso de los Diputados mantiene restricciones que impiden modernizar el transporte de viajeros en España. No solo no contribuye a mejorar la eficiencia y sostenibilidad del transporte de viajeros por carretera, si no que tampoco acaba con las distorsiones de mercado existentes contrarias a la libre competencia y que penalizan a muchos operadores del discrecional, regular de uso especial y turístico, limitando, además, el derecho a la movilidad de los ciudadanos. A juicio de la organización empresarial que representa a las pymes del transporte de viajeros, la nueva ley supone una oportunidad histórica perdida para propiciar un modelo realmente eficiente, sostenible y adaptado a las necesidades reales de movilidad de las personas en la sociedad actual.
A la luz del articulado de la nueva Ley de Movilidad Sostenible, ANETRA estima que, lejos de impulsar un modelo abierto, eficiente y sostenible, la nueva ley mantiene las viejas distorsiones del mercado introducidas por la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT), del ya lejano año 87, protegiendo a las concesiones de transporte regular de uso general a costa de frenar la competencia, la innovación y la libertad de elección de los usuarios.
En palabras de Carmen González, directora de asociación: “La Ley de Movilidad Sostenible no solo no corrige las injusticias del sistema actual, si no que las consolida y frena la modernización del transporte de viajeros. Es una ley que mira al retrovisor cuando debería mirar al futuro”.
Asignaturas pendientes
La prohibición de la venta por plaza sigue impidiendo aprovechar la capacidad real de los vehículos, una medida que, en plena era de la movilidad compartida, resulta incomprensible y contraria a cualquier principio de eficiencia. “Mientras el coche compartido se impulsa sin trabas, el autobús compartido —una alternativa más ecológica, segura y colectiva— sigue encontrando muros legales injustificables”, añade González.
También continúa la imposibilidad de operar servicios regulares entre puntos sin conexión directa, una limitación que deja sin alternativas a muchos ciudadanos y castiga especialmente a las zonas rurales o con menor oferta de transporte público.
A ello se añaden las restricciones en la contratación de servicios regulares de uso especial, que reducen la flexibilidad del sector e impiden responder con agilidad a las necesidades reales de la demanda.
En conjunto, estas trabas reflejan, según explica ANETRA, una visión obsoleta del transporte, más orientada a proteger privilegios que a fomentar una movilidad sostenible, innovadora y al servicio de las personas.
Una ley que penaliza a operadores y ciudadanos
Estas barreras perjudican directamente a miles de operadores y usuarios, impidiendo que el transporte discrecional y el regular de uso especial puedan ofrecer soluciones modernas, digitales y sostenibles.
La tramitación de esta ley era la gran oportunidad para eliminar un anacronismo que ni la ciudadanía comprende ni encaja en los objetivos de descarbonización, digitalización y eficiencia que Europa exige.
Sin embargo, el resultado ha sido una norma que perpetúa el desequilibrio y frena el avance hacia una movilidad verdaderamente sostenible.
“No pedimos privilegios”, concluye Carmen González. “Pedimos igualdad de oportunidades para poder competir, innovar y ofrecer a los ciudadanos un transporte colectivo sostenible, eficiente y asequible. Es necesario que escuchen a esta parte del sector y abran un proceso de diálogo real para revisar el marco regulatorio del transporte discrecional, regular de uso especial y turístico”.
