Tras varios años de crecimiento sostenido, la electrificación de las flotas corporativas en España atraviesa una fase de pausa y reevaluación. No se trata de una pérdida de interés por parte de las empresas, sino de una respuesta directa a un marco normativo que muchos gestores de flota consideran cambiante e impredecible. Es la principal conclusión del último European Fleet Emission Monitor (EFEM), el informe que Alphabet elabora periódicamente para analizar el estado de la movilidad corporativa en Europa.
Según el estudio, el compromiso de las organizaciones españolas con la descarbonización se mantiene firme sobre el papel: el 49% de los gestores de flota cree que su parque será totalmente eléctrico en el futuro. Sin embargo, esa confianza convive con una ejecución cada vez más cautelosa, condicionada por la falta de claridad sobre cómo evolucionará la regulación que afecta a la movilidad eléctrica y a las emisiones de las empresas.
Tres velocidades ante la misma incertidumbre
El informe revela que la ambigüedad regulatoria influye ya de forma directa en la toma de decisiones del 52% de los gestores de flotas en España. Ante ese escenario, el mercado se ha dividido en tres respuestas claramente diferenciadas:
- Un 14% de las empresas ha optado por acelerar la electrificación y las medidas de reducción de emisiones de CO₂, buscando ganar ventaja competitiva antes de que la normativa se endurezca o cambien las condiciones de acceso a las ayudas.
- Un 21% ha decidido aplazar decisiones de inversión estratégicas hasta contar con un horizonte regulatorio más estable, prefiriendo no comprometer capital en un marco que puede variar en poco tiempo.
- Un 17% ha elegido una vía intermedia: recurrir a soluciones puente, como los vehículos híbridos, mientras espera un marco normativo de mayor estabilidad antes de dar el salto definitivo a la electrificación completa.
Esta división no es un matiz menor. Significa que, en la práctica, más de un tercio de las empresas españolas ha decidido frenar o modular su transición hacia flotas más limpias como consecuencia directa de la incertidumbre normativa, no por falta de convicción sobre el destino final de esa transición.
La sostenibilidad pierde peso en la planificación de flotas
Esta cautela tiene una traducción muy concreta en cómo las empresas planifican sus flotas. El 35% de las compañías españolas integra hoy la sostenibilidad en la planificación de su parque de vehículos, frente al 48% que lo hacía en la edición anterior del informe. Se trata de una caída de casi 13 puntos porcentuales en un solo año, un retroceso que contrasta con el compromiso declarado de casi la mitad de los gestores con una flota totalmente eléctrica a futuro.
Parte de esta desconexión entre intención y ejecución tiene que ver con la estructura interna de las propias organizaciones. Solo el 24% de las empresas españolas cuenta con un departamento interno de sostenibilidad, frente a la media europea del 35%. Sin un equipo dedicado a coordinar esta transición, resulta más difícil que el compromiso declarado por la dirección se traduzca en decisiones operativas concretas sobre la flota.
Las ayudas públicas, una oportunidad todavía desaprovechada
El acceso a las subvenciones públicas destinadas a la movilidad eléctrica es otro de los puntos débiles que identifica el informe. El 41% de las empresas españolas afirma conocer la existencia de planes de ayudas, pero reconoce no cumplir con las condiciones y requisitos estatales necesarios para poder beneficiarse de ellas. Es una cifra notablemente alejada de la media europea de exclusión, que se sitúa en apenas el 7%.
A esta dificultad de acceso se suma un problema de información más general: el 56% de las empresas se declara «poco o nada informado» sobre la movilidad eléctrica. Esta combinación —ayudas que existen pero resultan difíciles de aprovechar, y un desconocimiento generalizado sobre el propio ecosistema de la movilidad eléctrica— ayuda a explicar por qué buena parte de las organizaciones prefiere esperar antes que avanzar sin certezas.
El seguimiento de emisiones también retrocede
Uno de los datos más llamativos del informe es el descenso en la monitorización de emisiones de CO₂ por parte de las empresas españolas. Solo el 23% realiza actualmente un seguimiento de las emisiones de su flota, 11 puntos por debajo de la media europea, y frente al 34% que lo hacía en la edición anterior del EFEM.
Este retroceso está relacionado, según el informe, con el desconocimiento de las herramientas digitales disponibles para facilitar esta tarea. El 85% de los gestores de flota no conoce, o no tiene claro, qué soluciones tecnológicas existen —como Alphabet Carbon Manager— para simplificar el seguimiento y la gestión de las emisiones de su flota.
Ante la ausencia de herramientas específicas, la mayoría de las empresas recurre a métodos manuales y poco eficientes: el 45% realiza estimaciones propias a partir de sus consumos de combustible, y el 23% registra manualmente los datos del fabricante en hojas de cálculo. Solo el 27% utiliza una herramienta digital especializada de gestión de flotas para documentar consumo y emisiones. La digitalización general del sector también avanza despacio: el 75% de las flotas españolas afirma no utilizar Inteligencia Artificial en su gestión diaria.
La confianza en el eléctrico se mantiene, pero pierde fuerza
A pesar de este contexto de cautela, la confianza de los gestores de flota en la electrificación no ha desaparecido. Casi la mitad, el 49%, sigue creyendo que su flota llegará a ser completamente eléctrica en el futuro, aunque esta cifra ha caído 8 puntos porcentuales en solo un año.
Los frenos que citan los gestores para completar esta transición son concretos: la autonomía de los vehículos (37%, cinco puntos menos que en la edición anterior), la falta de infraestructura de recarga (36%) y, en menor medida, el coste de los vehículos (7%). El hecho de que la preocupación por la autonomía haya disminuido, aunque siga siendo el principal freno, sugiere que la mejora progresiva de los vehículos eléctricos empieza a notarse entre los gestores de flota, incluso si el ritmo de adopción se ha ralentizado por otros motivos.
La lectura de Alphabet
Alberto Copado, CEO de Alphabet España, resume así el momento actual: «Los resultados de esta edición confirman lo que observamos en nuestro día a día en las empresas: el interés por avanzar y la conciencia medioambiental siguen siendo muy sólidos en España. Sin embargo, en un entorno en constante evolución, las organizaciones demandan cada vez más información, análisis y acompañamiento para tomar decisiones con confianza y certidumbre».
Copado plantea que la respuesta de su compañía pasa por reforzar su papel como socio estratégico de las empresas, más allá del suministro de vehículos: «El camino para reactivar el progreso no es esperar de manera pasiva a que el marco se simplifique, sino apoyarse en soluciones de consultoría especializadas (…), la tecnología del dato y nuestra experiencia para construir certidumbre, definiendo hojas de ruta de electrificación realistas, seguras y adaptadas a la realidad de cada negocio».
Qué implica para el sector de la movilidad corporativa
El informe EFEM plantea una paradoja que resulta especialmente relevante para el sector: la electrificación de las flotas corporativas no se ha frenado por falta de convicción, sino por falta de certidumbre. Las empresas siguen creyendo en el destino final de la transición, pero prefieren esperar a que el marco regulatorio, las condiciones de acceso a las ayudas y la información disponible sobre movilidad eléctrica ganen en claridad antes de comprometer inversiones a largo plazo.
Para los proveedores de servicios de movilidad, gestión de flotas y renting, este contexto abre una vía de trabajo clara: acompañar a las empresas en la interpretación de la normativa y en el acceso efectivo a las ayudas públicas, dos de los principales obstáculos que identifican los propios gestores. La brecha entre el compromiso declarado con la sostenibilidad y su aplicación real en la planificación de flotas —esos 13 puntos de caída en un año— es, probablemente, el indicador más claro de que la transición hacia una movilidad corporativa más limpia en España depende ahora tanto de la estabilidad normativa como de la voluntad de las propias empresas.
